El Estado paraguayo deberá indemnizar a Lucía Sandoval Escobar, quien fue acusada de asesinar a su marido en el año 2011 y por lo que fue presa 3 años, 6 meses y 20 días en el Buen Pastor.
Mujer pasó más de tres años presa por error y ahora el Estado la deberá indemnizar. Foto: captura
En ese sentido, la mujer logró probar su inocencia y tras ello inició una acción legal contra el Estado en julio del 2019 que concluyó con el fallo a su favor dictado por la jueza en lo Civil Liz Carina Caballero.
Sandoval explicó que junto a su defensa trasladarán el caso a organismos internacionales para dejar precedentes del hecho y que nadie más sufra situaciones similares a la de ella.
“Una jueza de la República del Paraguay reconoce que hubo daño y que hay que resarcir. Los montos podemos apelarlos. Ahora vamos a la apelación; aún no es algo firme”, indicó Sandoval.
La mujer aseguró que no existe dinero suficiente que le pueda devolver el tiempo perdido dentro del penal y menos los daños psicológicos que le provocaron haber sido acusada injustamente.
“La justicia que llega tarde no es justicia para la persona que vivió en carne propia; imagínense que esto pasa 15 años después y luego de tres años y seis meses de privación de libertad que nunca jamás podrán, ni con todo el dinero del mundo, resarcir ese espacio de tiempo”, indicó.
La jueza determinó que el monto de la indemnización sea de G. 616 millones a favor de Lucía Sandoval Escobar, acusada del asesinato de su marido.
Antecedentes del caso
En la madrugada del 7 de febrero del 2011 Huber Martínez Villasboa, esposo de Lucía, fue hasta su vivienda para atacarla con un arma de fuego. Se dio un forcejeo entre ambos, en el que se produjo un disparo accidental que acabo con la vida de Martínez.
Desde esa madrugada, Lucía estuvo presa hasta el 27 de agosto del 2014, cuando un Tribunal de Sentencia le otorgó la absolución por duda y recuperó su libertad.
Tras los años en prisión, Lucía perdió a sus hijos, sus bienes, casa y vehículo. Además, señala que sufrió muchos daños psicológicos mientras estaba recluida en el Buen Pastor, de aquel entonces.
En el año 2019 fue absuelta definitivamente del caso luego de comprobar su inocencia durante un juicio, que posteriormente fue ratificado por el Tribunal de Apelación y por la propia Corte.
A raíz de ello, la mujer demandó al Estado y solicitó una indemnización por G. 508 millones, como daño emergente, G. 220 millones; lucro cesante, G. 1.350 millones, pérdida de chance, G. 900 millones, en total de G. 2.958 millones, más el daño moral y psicológico.
