Con 75 votos a favor, el senado colombiano, dio luz verde al cambio del artículo 34 del texto constitucional que prohibía “las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación”.
La reforma aprobada señala que “de manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o esté en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua”.
La iniciativa ahora deberá ser promulgada por el presidente Iván Duque, que desde que asumió el poder, tomó como bandera esta causa y la impulsó en el Congreso. La pena máxima en Colombia era de 60 años de cárcel. Esta histórica decisión pone fin a un debate de más de 10 años en Colombia.
“Hoy Colombia tiene un gran motivo de felicidad. Hoy el Congreso de la república ha sacado adelante esa gran reforma que esperaban tantas familias, que esperábamos todos nosotros”, dijo el mandatario en un programa de televisión del país.
En Colombia casi dos menores de edad son asesinados al día. Según la autoridad forense, en 2019, más de 22.000 menores de 18 años fueron víctimas de delitos sexuales y 708 de homicidio.
Durante extensos debates, los defensores del proyecto argumentaron que los agresores de menores tienden a recaer en la comisión del delito y la cadena perpetua es una forma de evitarlo.
Por su parte, los detractores, entre los que están congresistas de la oposición, académicos y expertos aseguraron que un incremento punitivo no es eficaz en la reducción de las agresiones. Según ellos, era mejor invertir en investigación criminal, para reducir la impunidad.
