El 98% de las causas iniciadas por prestación alimentaria se presentan contra los padres que incumplen con el deber de asistir a sus hijos e hijas. A pesar de que los que incumplen con este deber tienen que ser sumariados, el proceso.
Aunque la norma aclara que el juicio sumario debe durar máximo seis meses, en muchos casos, el proceso supera los dos años debido a la mora judicial, magistrados no especializados, innumerables chicanas por parte de los demandados, entre otras barreras.
El abogado Alejandro Riera explicó que hay que tener en cuenta la distribución equitativa de las cargas. “No tiene nada que ver con la cuestión de porcentajes, sino que tiene que hacerse un estudio muy detallado entre los ingresos del demandado, el estilo de vida del mismo y las necesidades probadas del niño”, indicó.
Aunque la ley establece una sentencia condenatoria para los que incumplan con el deber alimentario, son muy pocos los casos que llegaron a la medida de prisión preventiva.
“Hay una medida cautelar que se dicta en todos los juicios de este tipo que es la medida de alimentos provisorios. Muchos demandados no cumplen con la medida y aunque se les diga que lleven algún tipo de sostén no cumplen”, detalló el profesional.
“Tenemos gente que se pasea en camionetas lujosas y, al ser investigados, aparece que ganan G. 3 millones al mes. Son personas con nivel de vida superior a lo que con sus ingresos se pueden probar, pero investigar todo esto ante tanta informalidad cuesta mucho tiempo”, señaló Riera.
Finalmente, el abogado mencionó que el 25%, del que siempre se menciona, es un mito y que no está escrito en ninguna parte.
