La firma en cuestión es Dysa Healthcare S.A. El principal accionista de la misma es un hombre de apellido Hellmers y la esposa de este es hermana del jefe del Gabinete del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, identificado como el abogado Walter Insfrán. Es decir, que el dueño de la empresa es concuñado del jefe de Gabinete del Ministerio de Salud.
Por si esto fuera poco, según las fuentes, actuaron como abogados de la firma, nada más y nada menos que Juan Ernesto Villamayor, actual jefe de Gabinete de Presidencia de la República, y Sergio Coscia, procurador general de la República.
Ante estas vinculaciones, la diputada Rocío Vallejo sostuvo que se trata de un “esquema tan burdo, que indigna y ofende a la ciudadanía, que estuvo esperando y que perdió todo”, lamentó y agregó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, debe tomar cartas en el asunto, de ser reales estas vinculaciones.
“El caiga quien caiga si bien se fue debilitando con el tiempo, esto es de extrema gravedad”, aseveró la parlamentaria. Recordó además que Dysa Healthcare S.A. también proveyó los famosos “mousse de oro” y además, el Instituto de Previsión Social (IPS) adjudicó a la misma para la prestación de servicios.
Antecedentes: la compra de respiradores sobrefacturados por vía de la excepción
Esta llamativa y veloz licitación por la cual el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social adquirió unos 31 ventiladores pulmonares sobrefacturados se remonta al mes de abril del presente año. La cartera sanitaria había realizado la misma por vía de la excepción, argumentando la urgente necesidad de adquisición de los equipos de bioseguridad.
Tras un análisis de la compra, la Contraloría General de la República (CGR) halló graves anomalías en el proceso. La más llamativa, la gran sobrefacturación de 243%, en comparación con similares equipos adquiridos en otras licitaciones. Estas irregularidades también fueron comprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Tras tomar conocimiento de este informe varios diputados tomaron la determinación de presentar ante la Fiscalía una denuncia penal contra personas innominadas por la sospechosa licitación para la compra de los respiradores. Los legisladores fueron: Rocío Vallejos, Sebastián García, Sebastián Villarejo, Carlos Rejala, Tito Ibarrola, Kattya González, Norma Camacho, Jorge Britez y Celeste Amarilla. En el pedido manifestaron que existía una probabilidad de que se hayan incurrido en hechos punibles y solicitaron que se pueda individualizar a los responsables.
De acuerdo a los documentos, el proceso de licitación tuvo una duración de tan solo 15 horas y favoreció a la empresa Dysa Healthcare S.A. El 1 de abril a las 19 horas se envió vía mail el Pliego de Bases y Condiciones a unas cinco empresas. Llamativamente, el 2 de abril al mediodía la adjudicación ya estaba concluida. Habían dado solo 15 horas a las firmas para poder preparar su oferta y además, no se encuentran los acuses de recibo de las ofertas de las demás firmas, lo que haría suponer que la licitación pudo ser digitada.
Dysa Healthcare S.A. proveyó de los 31 equipos al Ministerio de Salud el 19 de abril pasado. Sin embargo, el 28 de abril, la CGR al verificar los ventiladores, pudo constatar que solamente tres de ellos se encontraban instalados y en funcionamiento, pese a que su adquisición haya sido calificada como urgente.
Otra de las irregularidades detectadas, hace a la sobrefacturación. Estos ventiladores pulmonares fueron adquiridos a un precio unitario de 261.800.000 guaraníes, totalizando unos 8.115.800.000 guaraníes.
Revisando contratos anteriores, que datan de diciembre de 2019, solo unos cuantos meses atrás, esta misma firma vendió los mismos equipos por 169.000.000 guaraníes cada uno. Y de acuerdo a lo que manifiesta la Contraloría, no existe ningún documento que explique el motivo de esta suba de precio, documento imprescindible para demostrar que no existió una sobrefacturación.
El documento de la Contraloría General de la República concluyó que halló cinco graves irregularidades en el proceso:
1- No se justifica la fijación del precio referencial en fundamentos que justifiquen que cada ventilador podría costar 220.000.000 guaraníes, ya que la compra que fija como referencia tenía el precio unitario a 169.000.000 guaraníes.
2- El proceso se hizo de una manera apresurada, que no permitió la transparencia y competitividad.
3- El precio por el cual compra finalmente el Ministerio de Salud es 243% más elevado que el precio de costo determinado por la CGR.
4- El ministerio tenía la facultad de fijar los precios, además por el hecho de acceder al precio de despacho, conforme lo acredita la CGR.
5- En el contrato se cambian las condiciones del Pliego de bases y condiciones, siendo que la empresa había sido adjudicada cumpliendo los requerimientos del pliego.
