Este viernes, el presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley 7.300, que dispone la modificación del artículo 173 del Código Penal, elevando la pena por la sustracción de energía eléctrica realizada, en su mayoría por granjas ilegales de criptominería.
Desde el Poder Ejecutivo enfatizaron que con estas modificaciones, las personas que se dediquen a la actividad ilícita se exponen a una pena de hasta 10 años de cárcel más multa complementaria.
De igual manera, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), institución perjudicada, podrá solicitar a la Secretaría Nacional de Bienes Incautados (Senabico) la administración provisional de los bienes incautados.
Igualmente, los recursos obtenidos por su venta anticipada también pasarán al patrimonio de la empresa estatal.
Desde el Gobierno indicaron que estas medidas buscan tener un efecto disuasivo sobre las industrias que se instalan de forma ilegal. Asimismo, puntualizaron que no se busca criminalizar a la producción de criptomonedas como tal.
Hasta el momento, dos personas ya fueron condenadas por la sustracción de energía y once se encuentran imputadas.
A fines de mayo, la ANDE reportó un perjuicio mensual de G. 13.000 millones por criptominería ilegal.