El juez Otazú basó la decisión en el argumento de que se cumplen todos los requisitos legales para la imputación en contra de los citados, por lo que continuará el proceso contra los mismos por contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
Al inicio de la pandemia de Covid-19, el Ministerio de Salud adjudicó la compra de insumos médicos como tapabocas y guantes, en el marco de la lucha contra el virus, pero los productos se encontraban vencidos y de dudosa procedencia lo que finalizó en una rescisión del contrato con la empresa Imedic SA.
En ese sentido, Justo Rubén Ferreira y Patricia Ferreira, junto a otros funcionarios de la empresa, fueron procesados por los mismos delitos de contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, por lo que se solicitó la prisión preventiva.
El juez Humberto Otazú señaló que “se ha identificado a los procesados consignando sus datos personales y detallando los hechos por los que se les imputan sobre la base de elementos de sospecha, y fue indicado el tiempo estimado para formular requerimiento conclusivo, por lo que no se ha vulnerado ningún principio al derecho de la defensa”.
También, en reiteradas ocasiones el magistrado rechazó las reposiciones que presentaron los imputados, por lo que el expediente subirá al Tribunal de Apelación, que analizará las apelaciones de la defensa de los Ferreira.
