El proyecto de ley presentado por un grupo de senadores tiene por objeto ampliar la actividad disuasiva del Estado a la invasión de inmueble ajeno, por vía de suspender el otorgamiento de cualquier tipo de subsidio público a ciudadanos sobre los que pesa un proceso penal.
Los senadores señalaron que la invasión del inmueble ajeno al tiempo de un hecho punible, conforma un flagelo económico y social que debe ser abordado con rigor y consistencia desde este poder del Estado.
Por tal motivo, el grupo de senadores considera que es insuficiente la disuasión penal, siendo necesario añadir disuasiones económicas a la actividad disvaliosa a fin de lograr alterar el esquema de ponderación de conductas, que “no está logrando el objetivo de erradicarla”.
De igual manera, el proyecto señala que la disuasión económica que se propone es consistente con la decisión del constituyente de garantizar la propiedad privada en la Constitución y del Estado de reprimir su violación por medio del máximo instrumento punitivo: el Código Penal, al proveer que ese mismo Estado no alimente económicamente a quienes están socavándolo.
Uno de los proyectistas, Fidel Zavala, puntualizó que “es inadmisible que quienes atentan contra la propiedad privada, garantizada por la Constitución Nacional, reciban beneficio alguno costeado por el bolsillo del contribuyente”.
Por su parte, la senadora Georgia Arrúa manifestó: “Son muchos los casos de invasiones, se van acentuando y se organizan personas. Hay instigadores por detrás; esto ya no se trata de personas vulnerables que entran ingenuamente a la propiedad”.
“En realidad son organizaciones enteras que recorren el país. Hay casos donde personas llegan a Ciudad del Este desde Ytakyry. Por detrás de ellas hay personas que organizan esto”, agregó.
Igualmente, los senadores presentaron otro proyecto de ley “que modifica el artículo 142 del Código Penal, con la intención de incrementar la pena, específicamente, para el hecho punible de la “invasión de inmueble ajeno”, elevando la condena privativa de libertad hasta 6 años, y en caso de que se produzca daño patrimonial, que la pena llegue hasta 10 años de cárcel.
“Creemos que una manera de disuadir y hacerle entender a la gente que es un hecho punible es elevar la pena y que se convierta en crimen. A muchos se les imputan y al poco rato están afuera; por sobre todo, los cabecillas nunca son descubiertos”, afirmó Arrúa.
“Hay que elevar la pena porque se trata de criminales y de gavillas organizadas. Nosotros tenemos que tomar las cosas como son y entender que esto es un flagelo social que nos acarrea muchos otros males”, sentenció la senadora.
Los congresistas que presentaron el pedido a la Cámara son: Enrique Riera, Fidel Zavala, Georgia Arrúa, Stephan Rasmussen, Fernando Silva Facetti, Sergio Godoy, Antonio Barrios, Enrique Bacchetta y Patrick Kemper.
