A través de un comunicado, la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay se refirió al intento de juicio político a Sandra Quiñónez, Fiscal General del Estado y expresó su preocupación por el posible avasallamiento a la institucionalidad de la Fiscalía.
«El Comité Ejecutivo de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay reitera su preocupación ante el posible avasallamiento a la institucionalidad de los órganos constitucionales de la República, específicamente la Fiscalía General del Estado», reza el documento.
En tal sentido, señala que, si bien el juicio político se encuentra previsto como un mecanismo constitucional, “el mismo no puede ser utilizado de manera constante sin que se cumplan las causales previstas para este, utilizando cuestiones externas o intereses políticos sectorizados ni situaciones distintas a las previstas en la Constitución Nacional y las Leyes para socavar a las instituciones y sus integrantes”.
Igualmente, el comunicado enfatiza que el Ministerio Público goza de independencia y autonomía en su gestión. Esto, a fin de que la institución pueda ejercer la acción penal pública sin estar sometida en el ejercicio de sus funciones a otros órganos ni a condicionamientos externos distintos a los contemplados en la Constitución y las leyes.
Por tal motivo, el Comité Ejecutivo de la Asociación de Magistrados rechaza el pedido de juicio contra Sandra Quiñónez, a quien brinda todo su apoyo y respaldo.
“No estamos de acuerdo con el tercer intento de juicio político a la Fiscal General del Estado e instamos a todas las autoridades a respetar la institucionalidad de los órganos”, indica el escrito.
Igualmente, los miembros del Comité piden a los legisladores a respetar la autonomía e independencia del Ministerio Público.
“Esto no significa que los operadores de justicia estemos ajenos a rendir cuentas de nuestra gestión, pero sí la necesidad de respeto a la institucionalidad sin que primen otros intereses distintos a la supremacía constitucional, el cumplimiento de las leyes y el fortalecimiento del estado de derecho”, concluyeron.
