Según el informe remitido al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo, el 19 de marzo Petropar hizo una donación de 2000 tapabocas al Ministerio de Salud, que fueron adquiridos por la vía de excepción, que contaban con fecha de vencimiento del año 2017.
El equipo auditor hizo la verificación en el depósito de Villa Elisa donde se encontró un lote de tapabocas de origen brasileño, sin embargo, desde la empresa que fue adjudicada en el proceso de compra por Gs. 350 millones, Solumedic SA, aseguraron que la entrega que hicieron fue de mascarillas de origen chino.
“Definitivamente el equipo auditor no pudo afirmar si realmente las mascarillas que encontraron proveyó esa firma o de dónde Petropar obtuvo esas mascarillas”, dijo la abogada Gladys Fernández de la Contraloría, en contacto con el Noticiero Unicanal.
Además, los auditores consultaron con la firma brasileña proveedora del lote de tapabocas hallado en el depósito, y confirmaron que se encontraban vencidas desde el 2017, año en el que la producción de aquellas mascarillas fue descontinuada.
Otro de los puntos del informe de la Contraloría, que llama la atención, es que las mascarillas que la empresa Solumedic SA dice haber entregado, del tipo N95, no coincidían con el lote encontrado, y por este motivo alegan que no se sabe dónde están las mascarillas que en teoría fueron adquiridas por Petropar.
La abogada señaló que tampoco pudieron determinar a dónde se entregaron los equipos y productos adquiridos por una suma de más de Gs. 80 millones, ya que no existía la documentación que respalde la distribución o entrega de los mismos a funcionarios o beneficiarios.
“No pudieron obtener documentos que avalen la salida de esos productos al momento de realizar la verificación (…) están con paradero administrativamente desconocido”, indicó Fernández.
Por otro lado, la abogada explicó que no era necesaria comprar por vía de la excepción, al tratarse de productos que no son de primera necesidad o insumos médicos, como agua tónica, bidones de agua, y pallets.
El informe cuenta con seis puntos en total, cuatro de ellos están siendo profundizados por la Unidad de Auditoría Forense de la CGR, para definir si ameritan una denuncia penal.
