El Procurador General de la República, Marco Aurelio González, visitó los estudios del programa “Buen Tarde” para hablar sobre el ahorro de USD 16 millones que logró el Gobierno de Santiago Peña con la nulidad parcial de la condena por rescisión irregular del contrato del metrobús.
En ese sentido, resaltó las gestiones realizadas por la institución a su cargo para evitar el multimillonario pago y además puntualizó que quedó demostrado que el daño principal fue la demolición de la obra que se había hecho hasta ese momento, hecho que ocurrió durante la era de Mario Abdo Benítez.
González detalló que lo que permitió este ahorro es que se determinó que el conflicto debía ser resuelto de acuerdo a la legislación paraguaya, pese a que los árbitros de nacionalidad argentina, brasileña y mexicana.
“Lo que anuló parcialmente el tribunal fue justamente porque no se respetó la legislación paraguaya, por ejemplo, la determinación de tasas usurarias, que están prohibidas y penadas en nuestra legislación”, dijo.
“Cuando recibimos la noticia del laudo a finales del año pasado, el presidente Santiago Peña nos indicó que hagamos la mejor defensa posible. Desde entonces pusimos al mejor equipo a trabajar y se planteó una defensa que fue acogida favorablemente en términos parciales por el Tribunal de Apelación”, indicó.
Así también, González explicó que lo determinado por el Tribunal es que se podía rescindir el contrato, pero lo que se critica es el discurso político que se dio, argumentando que hubo incumplimientos, que realmente no existieron, y por eso hoy el Estado está obligado a devolver a la firma Mota Engil USD 2.600.000
“Creemos que se trató de un revanchismo político porque iba a significar una obra de envergadura, que iba a significar el legado de un gobierno que ellos querían deslegitimar”, expresó.
Obra no debió parar
El procurador enfatizó que la obra del metrobús no debió parar y apuntó como principales responsables a las autoridades del gobierno anterior.
“Vendieron una historia falsa para terminar la obra de metrobús que iba a incorporarle a Asunción un mecanismo de transporte de vanguardia que necesita la ciudad y de todo eso se le privó. De hecho, todo lo construido hasta ese momento fue demolido. La obra no debió parar”, complementó el procurador.
En cuanto a los responsables, señaló que los mismos son las personas que destruyeron todo lo que se construyó, en referencia al expresidente Mario Abdo Benítez y el exministro Arnaldo Wiens.
“El daño que yo veo es que se pagó el dinero por una obra que fue demolida y para mí la demolición es el perjuicio que existe sobre las arcas del estado. Los responsables son las personas que destruyeron todo lo que se edificó”, aseveró.
Finalmente, el procurador manifestó que el Ministerio Público es la institución que debe investigar si hay lesión de confianza o no, y procesar a los presuntos responsables.
“Ahí nosotros tenemos nuestra opinión, pero respetamos la labor que a ellos les corresponde, tampoco podemos entrometernos en su función”, sentenció.