Según la Encuesta Permanente de Hogares en Paraguay, unas 16.589 personas de 13 a 17 años se reportaron estar en unión formal e informal. Los datos refieren que el 82% de las personas casadas o en situación de unión informal son niñas y adolescentes.
En la misma línea, según registros administrativos en 2018, muestran que 8 de cada 10 mujeres se casan con hombres que tienen mayor edad que ellas; de las cuales, 1 de cada 10 contrae matrimonio con varones que le llevan 10 años de diferencia.
Según explicaron las autoridades, el matrimonio infantil, que roba la inocencia a millones de niñas del mundo, es más frecuente cuando la mujer está en situación de pobreza, tiene baja escolaridad y pertenece a pueblos indígenas.
Al respecto, Rocío Galiano, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), manifestó que “las uniones tempranas constituyen una forma de violencia que no solamente compromete el futuro y las oportunidades de casi el 16% de esta población de 15 a 19 años, sino que además nos refleja a la sociedad, a las instituciones, al Estado, el rostro de la desigualdad, de la pobreza, de niñas indígenas o del sector rural. Por tener estas condiciones sufren de desigualdades y están expuestas a este fenómeno”.
En nuestro país, por ley, la edad para contraer matrimonio es de 18 años; no obstante, permanece sin modificación la excepción que habilita a personas desde los 16 años cumplidos a contraer nupcias con el consentimiento de madres, padres o tutores.
El estudio “Invisibles a plena luz” reveló la estrecha relación entre las uniones tempranas y el embarazo, la pobreza y abandono escolar, factores que condicionan el desarrollo de la vida de miles de niñas y adolescentes.
“No es posible que sigan invisibilizadas a plena luz. Las niñas y adolescentes que caen en esas situaciones de uniones tempranas, por cuestiones económicas o por salir de la violencia, terminan en una situación peor que es responsabilidad de todos”, expresó Teresa Martínez, ministra de la Niñez y Adolescencia, durante la conferencia de prensa en la cual se socializaron los resultados del estudio.
“El Estado solo no lo puede abordar. Es un tema que afecta a niñas, niños y adolescentes. Afecta a toda la sociedad. No miremos sin ver, veamos”, añadió Martínez.
La investigación fue llevada a cabo en Asunción y en los departamentos Central, San Pedro, Caaguazú, Alto Paraná y Amambay.
