El allanamiento del Ministerio Público realizado en octubre a la Dirección de Material Bélico (Dimabel) concluyó con la inverosímil presentación de armas airsoft y aire comprimido para hacerlas pasar como las que faltaban en el inventario de evidencias que la institución tenía como depositario.
En aquella intervención, faltaron seis armas que fueron incautadas durante un operativo en el 2018 y entregadas a la Dimabel. Al día siguiente, sus encargados entregaron a la Fiscalía ocho pistolas, dos más del lote presentado por el Ministerio Público, lo que llamó la atención y condujo a una nueva pericia, donde se descubrió la farsa.
Los investigadores observaron que varias armas tenían el número de serie adulterado, no tenían rastros de oxidación y eran nuevas en algunos casos.
Mientras que en otros faltaban accesorios y siete de ocho armas no correspondían a la causa del 2018, debido a que fueron sustituidas con armas de otras causas y algunas fueron reemplazadas.
Tras la situación, la Fiscalía volvió a la Dimabel para detener a tres suboficiales militares identificados como Rodrigo Arrúa, Octavio Arrúa y Milciades Miranda Cáceres, imputados en la fecha por el quebrantamiento del depósito y manipulación de gráficas técnicas.
“Lo que asumimos en este momento son las decisiones con respecto a las tres personas que directamente estaban vinculadas a estos hechos, pero el avance de la investigación puede determinar implicancias adicionales”, sostuvo el fiscal Marcelo Pecci.
Por su parte, la fiscal Alicia Sapriza indicó que “acá nos enfocamos en los que son las armas de fuego porque son las que podemos establecer una trazabilidad a través de informes de Dimabel, sobre todo las que fueron usadas en hechos punibles”.
Para Pecci, los tres militares no pudieron actuar por su cuenta y tendrían que tener una estructura de protección que permita cubrir rastros de las armas que habían sido vendidas al narcotráfico.
