Sigue durmiendo la ley de tobilleras electrónicas, sancionada hace 6 años, lamentan

Hace 6 años, la ley de tobilleras electrónicas es letra puerta, pese a haber sido sancionada. El ministro de la Corte, Víctor Ríos, suplicó al Ejecutivo en el Día Internacional de la Mujer que la normativa sea aplicada para proteger a las mujeres.

A seis años de su promulgación, la ley de tobilleras electrónicas para el control de las personas con problemas con la justicia sigue sin ser aplicada en nuestro país.

Para ministro de la Corte, urge implementación de ley de tobilleras electrónicas. Foto:Ilustrativa

El programa La Caja Negra, conducido por Jorge Torres por las pantallas de Unicanal, abordó anoche el tema junto a dos invitados, el abogado Óscar Tuma, y el ministro de Justicia, Daniel Benítez.

De acuerdo al informe, la Ley N° 5863, promulgada el 4 de septiembre del 2017, incluyó el Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (SIMDEC) en el sistema penal del país a fin de controlar a las personas con arresto domiciliario y con libertad ambulatoria mediante las tobilleras electrónicas.

Mientras que en junio del 2020 fue promulgada la Ley 6.568, que introduce una modificación a la Ley N° 1600/2000 “Contra la Violencia Doméstica”, mediante el cual se habilita el uso de estos dispositivos electrónicos en aquellos que incurran en el hecho punible de violencia doméstica y se les imponga exclusión de hogar o prohibición de acercarse a la víctima.

De acuerdo con esta normativa, un juez puede imponer la obligación del uso de estos aparatos, que permitirán conocer la ubicación exacta del ofensor de modo a realizar un seguimiento y control normal del cumplimiento de las medidas de protección en casos de alto riesgo.

Según detalla el informe de LCN, el sistema de tobillera electrónica es una tecnología que permite rastrear con un dispositivo localizador. Su puesta en vigencia permitirá de cierta manera descomprimir la actual población carcelaria, que supera las 16.800 personas, de las cuales 15.949 son hombres y 867 mujeres.

De acuerdo a los datos, de esta cifra solo el 30% tiene sentencia, mientras que el resto cuenta con prisión preventiva.

Pese a su importancia, hasta el momento la normativa sigue sin aplicarse y para el senador Fernando Silva Facetti el primer inconveniente fue sobre la autoridad de aplicación que recaía en la Corte Suprema de Justicia, pero que se modificó en el 2019 con la Ley N° 6345, para que sea atribución del Ejecutivo.

 “Esto es competencia exclusiva de los jueces; hoy el Ministerio de Justicia no interviene cuando el juez otorga una medida sustitutiva o no”, expresó el Dr. Tuma, quien mencionó que el órgano original tenía que ser la CSJ.

“Nunca tuvo que salir del ámbito de la Corte y al final se llevó al Ministerio de Justicia; creo que ahí empieza el problema porque son los jueces los que deben establecer y aplicar esto”, complementó.

Por su parte, el ministro Benítez aseveró que la puesta en marcha de esta ley descomprimirá el sistema penitenciario. “Se le sacó esta facultad a la Corte y recae en dos ministerios, que son el Interior y el de Justicia. Nuestra competencia es administrativa. No contamos con recursos”, expresó.

En otra línea, mencionó que una de las vías para su puesta en marcha podría ser a través de una concesión. “Propuse realizar una concesión a fin de que el ciudadano que va a beneficiado con esta medida tenga que costear esto”, puntualizó Benítez.

Para el Dr. Tuma, en la actualidad es una ficción el arresto domiciliario, debido a que no existe una buena dotación de policiales a fin de controlar que la persona cumpla con esta disposición.

El profesional considera que no será complicado acceder a esta alternativa procesal en caso de que el costo recaiga en el interesado, puesto que en el país ya se encuentran instaladas varias empresas que cuentan con dicha tecnología.

Urge su implementación para disminuir casos de feminicidios

En el Día Internacional de la Mujer, el ministro de la Corte, Víctor Ríos, exhortó al Poder Ejecutivo a cumplir con la implementación de las tobilleras electrónicas en casos de violencia contra la mujer, luego de la publicación que realizó el programa La Caja Negra.

“El Estado paraguayo hasta hoy viene incumpliendo una ley sancionada, promulgada, publicada, que establece el uso de pulseras electrónicas para los casos de violencia doméstica”, lamentó.

“Esta herramienta tecnológica ha logrado que el feminicidio en Uruguay baje a cero y hasta hoy el Estado paraguayo no cumple con esa ley, con pretextos de falta de presupuesto”, criticó.

Igualmente, afirmó que si esta ley se hubiera implementado hace años, muchos casos de feminicidio se hubieran evitado. “Como ministro de la Corte Suprema y exproyectista de esta ley insisto, exhorto, ruego y suplico al Ejecutivo que de una vez por todas aplique esta ley, que significará salvar la vida de muchas mujeres”, sentenció.

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