Tras las posibles inconsistencias halladas en las declaraciones juradas del exmandatario Mario Abdo Benítez, el contralor general de la República, Camilo Benítez, dijo que ellos se vieron obligados a remitir al Ministerio Público el informe de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), sobre las empresas de Abdo.
Desde la Contraloría no se detectó ningún indicio de hecho punible, pero existen algunas incongruencias en la declaración jurada del expresidente. Según el informe, Abdo no tuvo un crecimiento patrimonial interesante posterior a dejar la presidencia.
Entre las supuestas irregularidades se habla de las dos empresas vinculadas con el expresidente: ALDIA S.A. y CREATEC S.A. Lo que ocurrió es que el ex jefe de Estado no retiró las utilidades de su empresa y es allí donde se generan dudas.
La rentabilidad de las empresas no fue retirada como utilidad, pero fue depositada en una reserva operativa, según indicó el contralor. Si bien mencionó que esto no es considerado un delito, sí puede llamar la atención, por esa razón la Contraloría está obligada a remitir el informe al Ministerio Público.
Benítez explicó que ya no es trabajo de la Contraloría tratar de resolver esas irregularidades, por eso están obligados a desprenderse del caso sin decir si hubo o no enriquecimiento ilícito.
También alegó que estas dos empresas fuera de la presidencia de Mario Abdo no facturaban ni el 10% de lo que llegó a facturar durante su mandato, por tanto, ese hecho no puede separarse.