Un hombre fue condenando a 10 años de pena privativa de libertad y 2 años como medida de seguridad por la comisión del hecho punible de violencia familiar, en su modalidad agravada de violencia psicológica ejercida a través de medios telemáticos (violencia digital).
De acuerdo con los registros, la condena es la pena más alta impuesta en la República del Paraguay por este tipo de hechos.
La condena es considerada histórica en el país- Foto Gentileza
Según el informe fiscal, el condenado ya tiene en su haber dos condenas previas por violencia familiar y hechos similares, una data del año 2018 y la otra del año 2023.
Además, poseía antecedentes por violencia en contra de la misma víctima, madre de sus tres hijos menores de edad.
La fiscal María Eusebia Segovia logró demostrar con pruebas testimoniales, documentales, periciales y evidencia digital que permitieron acreditar que el condenado sometió a la víctima a amenazas de feminicidio, intimidaciones y hostigamientos mediante llamadas telefónicas, mensajes, audios y videos enviados durante un periodo de un año y diez meses, mientras se encontraba recluido en distintos establecimientos penitenciarios del país.
El Tribunal de Sentencia, integrado por la jueza Olga Ruíz, en carácter de presidenta, y los jueces Mario García y Celia Salinas, como miembros, valoró de manera conjunta la totalidad de las pruebas incorporadas al juicio, con especial énfasis en la evidencia digital, los informes técnicos, las declaraciones testificales y la prueba documental.
Entre los elementos probatorios adquirió especial relevancia el informe psicológico practicado al acusado, para cuya elaboración se aplicó el instrumento de evaluación de riesgo SARA (Spousal Assault Risk Assessment), solicitado por el Ministerio Público como auxilio judicial.
Esta herramienta, utilizada para valorar el riesgo de violencia contra la pareja, arrojó un nivel de riesgo moderado, según informaron desde la fiscalía.
En consecuencia, el Tribunal resolvió, por unanimidad, hacer lugar íntegramente a la pretensión punitiva del Ministerio Público y condenó al acusado a 10 años de pena privativa de libertad, además de imponerle 2 años como medida de seguridad.
Cabe señalar que no se revela la identidad del condenado debido a que tanto él como la víctima son padres de tres niños menores de edad, por tanto, como sinónimo de protección de los menores de edad, se resguarda la identidad de los involucrados a pesar de que el acusado haya adquirido condena en juicio oral.
