El fallo se dio con seis votos a favor de Alberto Martínez Simón, Manuel Ramírez Candía, Eugenio Jiménez, Valentina Núñez, Óscar Paiva, Carolina Llanes y María Mercedes Buongermini.
Por su parte, Guido Cocco votó a favor de la polémica acción promovida por la Contraloría que negaba la publicación de las DDJJ. Y, finalmente, Marcos Riera Hunter votó por hacer lugar parcialmente a la acción a favor de las publicaciones, debido a que considera que solo debería publicarse la declaración jurada de los funcionarios, no así de los cónyuges y familiares.
Este fallo judicial es histórico ya que sienta un precedente respecto a las DDJJ de los funcionarios públicos. La resolución abarca los bienes de autoridades y funcionarios desde el año 1998 hasta el 2017, así como de cónyuges y familiares.
Tras un debate de más de cinco horas, los altos magistrados resolvieron que, “las declaraciones juradas de bienes no son secretas ni reservadas, sino son públicas”, ratificando, de esta manera, que todo lo que concierne a las instituciones públicas son datos públicos.
El 8 de mayo de 2018, el juez penal de Garantías, Rubén Riquelme, hizo lugar en primera instancia a la solicitud del periodista Juan Carlos Lezcano de acceder a las DDJJ de varias autoridades nacionales, entre los años 1998 y 2017, que fue confirmado por el Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala.
Posterior a esto, en el fallo de segunda instancia, los miembros del Tribunal detallaron que las DDJJ deben incluir datos personales de activos propios gananciales, inmuebles, vehículos, muebles, y pasivos, y también de cónyuges y familiares.
A raíz de esto, el ex Contralor General de la República, Enrique García, planteó una acción de inconstitucionalidad, alegando que no corresponde la publicación de estos datos, y fue rechazada de parte de los miembros de la sala constitucional de la máxima instancia judicial.
