Una fiscalizadora del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) fue víctima de una brutal agresión por parte de un abogado mientras realizaba una fiscalización en una estación de servicios en Santa Rita.
Abogado abofeteó a fiscalizadora de INTN en Santa Rita. Foto: Captura de video
La víctima fue identificada como Lourdes Sosa Cuevas, de 46 años, quien fue abofeteada por el abogado Walter Ramón Acosta, quien le exigió que abandone el lugar junto a su equipo, impidiendo el procedimiento.
El hecho ocurrió en horas de la tarde de ayer, martes, en una estación de servicios, ubicada sobre la ruta PY06, a la altura del kilómetro 260, en el barrio Cruce de Amor de Santa Rita, Alto Paraná.
La afectada se encontraba en compañía de su compañero, Luis Armando Duarte, quien también fue agredido por el funcionario.
La agresión fue grabada por otra compañera de Lourdes, quien se encontraba a bordo del vehículo de la institución. En el video se puede escuchar a Acosta decir “sigapy carajo” y seguidamente se observa el momento de la agresión.
La denuncia fue radicada por Lourdes Sosa Cuevas ante la Subcomisaría 39 de Tavapy, que comunicó el hecho a la agente fiscal de turno, Rocío Celeste González Alvarenga, quien este miércoles ordenó la detención del abogado.
Ministerio de Trabajo repudia agresión
A través de un comunicado, la institución estatal expresó su enérgico repudio ante el acto de violencia ejercido contra la funcionaria del INTN.
“Este hecho atenta contra el principio de respeto y seguridad que debe prevalecer en el desempeño de la función pública, especialmente en tareas de control e inspección, donde la labor de los fiscalizadores es esencial para el cumplimiento de normativas que garantizan la seguridad y los derechos de toda la ciudadanía”, expresa el escrito.
Igualmente, desde el MTESS afirmaron que se solidarizan con la víctima y reafirman su compromiso con la protección de los trabajadores que desempeñan funciones de fiscalización, quienes muchas veces se ven expuestos a situaciones de riesgo.
“Exhortamos a que se tomen las medidas necesarias para sancionar este tipo de actos y garantizar condiciones seguras para el ejercicio de la función pública”, añade el comunicado.
“La violencia contra funcionarios públicos no solo es inaceptable, sino que también es un atentado contra el Estado de derecho y el cumplimiento de las normativas vigentes”, concluye.
