Tras una auditoría financiera realizada por la CGR a la Municipalidad de Concepción, fue remitido un informe a la Fiscalía General del Estado con los detalles de lo obtenido, resultando en supuestos hechos punibles contra el patrimonio y lesión de confianza.
Según el informe, se constató que en la administración del intendente liberal Alejandro Urbieta existió un perjuicio patrimonial por un valor de Gs. 6.457.091.160, se comprobaron irregularidades en el ejercicio fiscal 2018 en pagos realizados por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones por el monto de Gs. 959.500.000 sin que se hayan cumplido con procedimientos de contrataciones exigidos.
Asimismo, el documento señala que pagos de combustible y lubricantes fueron financiados con recursos del municipio por Gs. 657.851.160, mientras que dos cheques fueron emitidos sin respaldo de documentos por el total de Gs. 26.750.000.
También, se constataron transferencias entre cuentas por Gs. 4.812.990.000 realizadas desde la cuenta de origen Fonacide, sin obtener datos sobre la devolución del mismo monto.
Pobladores de Concepción realizaron dos años atrás una movilización ciudadana de más de 150 días, exigiendo la intervención a la gestión de Alejandro Urbieta.
Daysi Silguero, ciudadana del municipio y manifestante, explicó que esta denuncia hecha por la CGR es celebrada y fue muy esperada por todos, ya que Urbieta se encuentra en la municipalidad hace 10 años, y debido a la pandemia, las elecciones municipales fueron aplazadas, por lo que al actual jefe de comuna aún le quedaría un año más y esto podría causar un enorme perjuicio al municipio.
“Una vez más demostramos a la ciudadanía concepcionera y a todo el Paraguay que los que un día nos levantamos y fuimos a luchar contra la corrupción y dijimos basta, pudimos demostrar que habían indicios suficientes de hechos de corrupción en esta gestión”, expresó la ciudadana.
En el mes de agosto de este año, la Cámara de Diputados estudió el pedido de intervención de la Municipalidad de Concepción y lo rechazó argumentando que dentro de la investigación no se encontró un daño patrimonial.
