Aun cuando se promulgase la ley que despenaliza el falseamiento de datos en las Declaraciones Juradas de funcionarios, esto no impedirá que la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) actúe en el ámbito de su competencia para denunciar los casos de defraudación, que devienen de este instrumento público.
Así lo anticipó el viceministro Óscar Orué, quien explicó que si bien el documento es relevante para determinar el cumplimento de las obligaciones impositivas por parte del contribuyente, no impedirá que se investigue y se establezcan sanciones pecuniarias y hasta penales si se comprueba una falta grave.
Subrayó que no es lo mismo hablar de errores en la carga de datos, que pueden ser rectificados, que de falsearlos para sacar un beneficio propio u ocultar actos ilícitos.
Aclaró igualmente, que en el ámbito tributario, se deben agotar todas las instancias administrativas previstas en caso de detectarse un error en el contenido de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, que son cuatro: la mora, contravención, omisión y la defraudación, todas con sus respectivas multas que van desde el 50 hasta el 300%, dependiendo de la gravedad del hecho.
