La Corte Suprema de Justicia ordenó la investigación de sobre 9 jueces, que también incluyen a otros funcionarios que podrían estar implicados en el esquema de la mafia de los pagarés.
Por resolución N.º 1739, el Consejo de Superintendencia, ordenó la realización de una auditoria para constatar la implicancia de los jueces y demás funcionarios en estos hechos ilícitos.
La auditoria incluirá a los juzgados de paz de la Catedral, 1º y 2º turno; San Roque y La Encarnación. Además, solicitaron a la Contraloría realizar un estudio respecto a los bienes de algunos jueces de paz de la Capital.
El Consejo de Superintendencia de la Corte, están integrados por los ministros Luis María Benítez Riera, Gustavo Santander y Alberto Martínez Simón.
Así también disponen el control de la entrada y salida de jueces y funcionarios de los Juzgados de Paz de la Capital y deberán elevar el informe de manera mensual al Consejo de Superintendencia.
Varios gremios realizaron la denuncia sobre el embargo de sus sueldos por deudas que ya fueron canceladas, entre ellas se incluyen docentes, policías, trabajadores de blanco y demás.
El esquema consiste en doble cobro de pagarés ya cancelados o finiquitados, mediante una acción judicial en donde directamente embargan los sueldos u otros bienes de algunas personas que ya han finiquitado sus deudas.
Los principales implicados serían abogados que adquieren esos pagarés cancelados y no retirados para realizar el proceso de manera irregular.