El Ministerio Público presentó numerosas pruebas que demostraron la existencia de los hechos y la responsabilidad de la acusada. Por lo tanto, el Tribunal, presidido por el juez Milciades Ovelar e integrado por Emilia Santos y Adalberto Soto, dictó la condena tras encontrar a la mujer culpable.

Los magistrados concluyeron que la madre omitió gravemente su deber legal de cuidado y educación, causando serios daños psicológicos y físicos a la víctima. La decisión se basó en un contundente caudal probatorio, que incluyó pruebas documentales y los testimonios de profesionales psicólogas del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público que intervinieron en el caso.