El Ministerio Público imputó a Arnoldo Wiens, exministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza y daño a obras constituidas o medios técnicos de trabajo.
Metrobús no debió detenerse: imputan a Wiens por destruir obras
La imputación fue formulada por los fiscales especializados anticorrupción, Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti, en el marco de la investigación por el perjuicio patrimonial ocasionado al Estado a raíz de la destrucción de las obras del Metrobús.
Millonario perjuicio patrimonial
Según refiere el acta de imputación, el extitular del MOPC es sindicado de haber ocasionado un supuesto perjuicio patrimonial de G. 6.924.624.006, monto que había sido abonado por el Estado para la construcción de estaciones del tramo 3 del corredor central del Bus de Tránsito Rápido (BTR).
Las obras se llevaban a cabo sobre la ruta PY02 Mariscal Estigarribia, entre las ciudades de San Lorenzo y Fernando de la Mora, departamento Central. Dichas estructuras fueron demolidas en el 2020 durante su administración, en la era de Mario Abdo Benítez.
Asimismo, la investigación señala un segundo perjuicio por G. 8.030.693.029, correspondiente al pago efectuado a la empresa Mota Engil Ingeniería y Construcción SA, en concepto de trabajos acordados en el Acta de Entendimiento, que presuntamente habrían sido imputados a la suma provisional destinada a obras y gastos de contingencia.
Cabe señalar que el proyecto Metrobús fue impulsado principalmente durante el gobierno de Horacio Cartes y alcanzó un 40% de ejecución, pero cuando asumió el gobierno de Abdo Benítez en agosto del 2018, el ministro del MOPC solicitó la intervención y su suspensión, destruyendo totalmente la construcción meses después.
En el marco de la investigación, quedó descartada la hipótesis inicial de la supuesta inviabilidad del proyecto. De acuerdo a lo informado, desde el punto de vista técnico, no se han encontrado suficientes elementos de juicio que permitan sostener razonablemente que la obra era inviable desde su inicio.
Igualmente, quedó descartada la supuesta “falta de utilidad” de lo construido; es decir, la no culminación es consecuencia de una decisión de no continuar con la obra y de demolerla, adoptada con posterioridad a la administración de Ramón Jiménez Gaona.
Para la Fiscalía, la obra no quedó inconclusa por una inviabilidad técnica, sino por una decisión posterior a la administración de Ramón Jiménez Gaona.
Tras la imputación, el equipo fiscal solicitó al juez de la causa la aplicación de medidas cautelares para el imputado, a fin de prevenir el peligro de fuga u obstrucción de la investigación, proponiendo medidas menos gravosas, incluida la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva.
