La agente fiscal Fátima Girala imputó a tres agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional por el presunto hecho punible de coacción grave.
Imputan a tres policías por coacción grave. Foto: Captura de video
Se trata del oficial 1.º Juan David Ginés Rodas, el suboficial inspector Derlis Joel Torres Cardozo y el suboficial ayudante Alexander Javier Benítez Galeano.
De acuerdo a lo informado por la Fiscalía, la imputación se sustenta en el Acta de Denuncia n.º 75/25 de la Comisaría 4.ª de Asunción, declaraciones testimoniales de víctimas y testigos, grabaciones de cámaras de circuito cerrado y documentos remitidos por el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional y la Dirección General de Asuntos Internos.
Antecedentes del caso
El hecho investigado ocurrió el pasado 10 de enero, alrededor de las 19:00, sobre las calles 23 Proyectadas y Nuestra Señora de la Asunción, en Asunción.
En aquella ocasión, los imputados interceptaron un vehículo conducido por Hugo Jacobo Platón, quien iba acompañado por Adriana Isabel y dos menores de edad.
Durante el procedimiento, los policías habrían intentado detener el vehículo empleando maniobras agresivas, incluyendo golpes y amenazas. Aparentemente, los uniformados se encontraban en estado de ebriedad.
Según la imputación, el suboficial ayudante Alexander Javier Benítez Galeano habría desenfundado un arma de fuego, sumándose a los actos intimidatorios realizados en conjunto con sus compañeros.
En la ocasión, los ahora imputados habrían exigido a Jacobo la entrega de G. 20 millones para no efectuar una supuesta orden de captura en su contra.
Finalmente, tras la intervención de los familiares de las víctimas y la amenaza de denunciar el hecho al sistema 911, los agentes abandonaron el lugar, y la familia radicó la denuncia.
Tras formular imputación, la representante del Ministerio Público solicitó la imposición de medidas alternativas a la prisión preventiva para los procesados.
Entre las medidas alternativas que el juez podría disponer en lugar de la prisión preventiva se incluyen la prohibición de salir del país o de la localidad de residencia, la obligación de comparecer periódicamente ante el juez y la prohibición de comunicarse con las víctimas.
