En una reciente declaración emitida por el Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH), se han detallado varios puntos cruciales relacionados con el programa de viviendas Che Róga Porã. Se ha subrayado que, en este proceso, no es el Estado quien llevará a cabo la licitación para la construcción de las viviendas, sino que será el beneficiario del programa el encargado de elegir la empresa constructora que se encargará de edificar su hogar propio.
El ingeniero Baruja, en una entrevista con “Universo 970”, expresó que son 120 las empresas habilitadas para participar en el programa de viviendas y que, luego de presentar sus proyectos inmobiliarios, serán seleccionadas según criterios técnicos y legales para formar parte del mismo. Además, se aseguró que el modelo de Che Róga Porã cuenta con mecanismos que garantizan la finalización de las obras en tiempo y con la debida calidad.
En cuanto al proceso de construcción, se destacó que es el desarrollador privado quien propone el proyecto de vivienda y la ejecución se lleva a cabo con base en el préstamo obtenido por el beneficiario, cuyo dinero se deposita en un fideicomiso para pagar a la empresa constructora de acuerdo al avance de la obra. Cada proyecto contará con un agente fiscalizador designado por las entidades bancarias que brindaron el crédito.
El ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja, afirmó que el Estado no licita ni construye, sino que es el desarrollador privado quien ejecuta las obras conforme a las especificaciones técnicas, bajo la supervisión de profesionales designados por las entidades bancarias. Los interesados tienen la libertad de elegir el desarrollo y la vivienda que mejor se ajuste a sus preferencias en términos de ubicación, precio y diseño.
El programa Che Róga Porã incluye diversas modalidades de seguros para cubrir posibles incumplimientos, garantizando así la culminación de los proyectos y la entrega de las tan anheladas viviendas a los beneficiarios. Baruja enfatizó que se trata de un proyecto destinado a proporcionar viviendas propias a miles de familias que actualmente carecen de una, o se encuentran en situación de alquiler, asegurando transparencia en todas las etapas del proceso.