El fiscal Édgar Sánchez, quien tuvo a su cargo la investigación por supuesta falsificación de una factura de combustible presentada ante Justicia Electoral para justificar el cobro de subsidios en el PLRA, reconoció que el expediente “duerme” en la Corte Suprema de Justicia.
Este jueves, se dieron a conocer documentos y mensajes de WhatsApp que involucran en el caso a Primio Arce, secretario de Efraín Alegre y vicedirector de Registros Electorales.
De acuerdo a lo revelado por el periodista Jorge Torres Romero, el hombre sería el principal gestor de la producción de las facturas falsas.
Precisamente, Luis Moris, uno de los procesados, en su declaración indagatoria mencionó a Arce.
“Ellos decían justamente que a Primio Arce fue a quien presentaron la rendición de cuentas y fue él quien los recibió, pues en ese momento tenía una función en el PLRA, creo que era secretario, y fue quien suscribió la recepción de los documentos traídos de Ciudad del Este y es testigo ofrecido para el juicio oral”, sostuvo el fiscal Sánchez.
Igualmente, sostuvo que hay conversaciones de WhatsApp entre Arce y Moris, en los que relatan toda la historia de cuando reciben el dinero y solicitan las facturas.
“Arce les dice ‘consigan todas las facturas que puedan’ para justificar los gastos. Todo eso está ofrecido como prueba para el juicio oral y público”, puntualizó el agente fiscal.
Antecedentes del caso
El fiscal Sánchez detalló que todo inició en Ciudad del Este cuando los apoderados, que debían rendir cuenta del dinero recibido del PLRA, lo hicieron con facturas de una estación de servicios, por un monto superior al que realmente se había elaborado el documento.
Esa rendición de cuentas fue avalada por el presidente del partido, en ese entonces Efraín Alegre, quien suscribió la presentación ante Justicia Electoral.
“A través de una casa de cambios, los apoderados del PLRA recibieron 450 millones de guaraníes entregados por el partido y ellos al presentar la rendición de cuentas presentaron una factura por G. 98 millones; por ello, tres personas fueron imputadas”, mencionó.
En otra línea, indicó que Silvio Martínez, propietario de la estación de servicios, afirmó no haber presentado servicios al mencionado partido político por dicho monto.
Igualmente, mencionó que el documento es una clonación o imitación de facturas utilizadas en su estación de servicios y que las mismas presentaban visibles diferencias respecto a la auténtica.
Al verificar sus registros, encontró que la factura auténtica corresponde a la venta de combustible por G. 100.000, en fecha 8 de agosto del 2018 a nombre de Arnaldo David Martínez.
Tras la acusación fiscal se llevó a cabo la audiencia preliminar y se elevó la causa a juicio oral y público, pero quedó luego en la Sala Constitucional de la Corte, donde uno de los integrantes es el ministro liberal Víctor Ríos.