Desde el Observatorio de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) proporcionaron datos en base a las denuncias recibidas por el Ministerio Público sobre casos de abuso sexual infantil.
En Paraguay, cada dos horas un menor es víctima de abuso sexual. Foto: Ilustrativa
Las cifras señalan que en nuestro país cada dos horas un niño o una niña es víctima de abuso sexual, de 0 a 17 años de edad.
Asimismo, puntualiza que entre el 2018 al 2022 se registraron 17.156 casos de abuso y violencia sexual. Mientras que el acumulado desde el 2008 al 2022 hubo 32.931 víctimas.
“Entre los departamentos con más casos reportados están Central, con 1.424; Alto Paraná con 314; Asunción con 295 casos e Itapúa 207 casos. En estos departamentos son donde más se denuncian, lo que no quiere decir que en Misiones o Paraguarí no estén ocurriendo estas situaciones”, expresó Aníbal Cabrera, director ejecutivo de CDIA.
Según el registro del 2021, la principal franja de edad afectada fue de 10 a 13 años, con más de 1.000 casos sobre un total de 3.800.
Otro elemento importante es que el 85% de los abusos tienen como víctimas a niñas. “Son las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las niñas, los niños y adolescentes”, dijo Cabrera.
“Ser niña de una zona rural o suburbana, estar en una situación de pobreza, tener algún tipo de discapacidad o ser de una comunidad indígena hacen que se acentúen las condiciones de vulnerabilidad de las niñas y adolescentes”, añadió el director.
Según el reporte del Ministerio de Salud, el número de nacidos vivos registrados muestran que 9.490 niñas de 10 a 18 años dieron a luz en el 2021; 492 tenían entre 10 a 14 años.
“Una niña abusada, embarazada y con un bebé, estando en situación de pobreza, es una niña que tiene truncada su trayectoria de vida; va a ser excluida del sistema educativo y del mercado laboral formal”, lamentó Cabrera.
Finalmente, el director indicó que es responsabilidad del Estado a través de sus instituciones que se cambie esta realidad, pero desafortunadamente estos datos no son usados para tomar decisiones para la implementación de políticas públicas, mucho menos incrementar presupuestos que permitan revertir esta dolorosa situación.
