Por su destitución en el año 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible la demanda del expresidente Fernando Lugo contra el Estado.
“La Comisión Interamericana decidió declarar admisible la petición en el caso Fernando Lugo Méndez contra el Estado paraguayo. Ahora se abre un plazo de seis meses para que las partes arrimen nuevos argumentos”, manifestó Emilio Camacho, abogado del exmandatario.
“Nosotros ya lo hemos dicho todo, tal vez agreguemos algo. En el mismo tiempo dice que si estamos a favor de abrir una instancia de diálogo para buscar un arreglo con el Estado; esto voy a transmitirle a Lugo para que decida”, agregó el representante.
Asimismo, manifestó que “lo que se pide es que se reconozca que se violó el derecho a la defensa, se violó el derecho a producir pruebas, la inocencia presunta, su derecho político como presidente electo por voto popular“.
En cuanto a lo económico, indicó que “nosotros, como compensación, dejamos liberado a criterio de la Comisión, pero yo incluí en el petitorio la reposición de los gastos del juicio, lo que costó preparar y promover la infraestructura. Esto va a determinar la Comisión”.
Por su parte, el abogado Óscar Tuma, quien fue el fiscal acusador en el juicio político de Lugo, explicó que no debería ser de preocupación para el Estado paraguayo la admisibilidad por parte de la CIDH.
“La admisión no me sorprende, hablamos de un caso sonado, diría que es normal, pero estoy seguro que la sentencia va a ser favorable para el Estado paraguayo”, sostuvo Tuma, quien afirmó que se respetó el debido proceso del juicio político para un jefe de Estado.
“La defensa de Lugo alega que hubo violación al debido proceso, no cuestiona las causales del juicio político sino cuestiona el plazo que tuvieron para generar la defensa; ahí es donde entran en un error porque la Constitución Nacional establece dejar a criterio del Senado establecer los plazos”, detalló.
Por último, indicó que el expresidente Fernando Lugo gozó de todas las garantías procesales.
“Fernando Lugo tuvo dos horas, fue un plazo reducido, pero presentó sus pruebas y alegatos. No se violentó el debido proceso”, añadió Tuma, quien sostuvo que los plazos de un juicio contra un presidente no pueden durar más de 48 horas; de lo contrario, se generaría una inestabilidad, ya que el mandatario tendrá la lapicera en mano.
En la misma línea, Eduardo González, abogado y apoderado de Honor Colorado, manifestó que la denuncia no tiene fundamentos y afirmó que se cumplieron con todos los trámites procesales.
“Se cumplió con todo el proceso. Ellos han tenido la oportunidad de ejercer su defensa; hubo una acusación del Senado con los elementos probatorios”, sostuvo.
Cabe recordar que Lugo fue relevado de la presidencia una semana después de un desalojo en el que perdieron la vida 11 campesinos y seis policías cerca de la ciudad de Curuguaty.
