Los fiscales Francisco Cabrera, Liliana Alcaraz y Silvio Corbeta presentaron este martes la acusación contra Patricia Samudio, expresidenta de Petropar, por lesión de confianza, en el caso de la compra sobrefacturada de agua tónica y tapabocas durante la pandemia.
Asimismo, en el marco de la investigación, también fueron acusados, José Costa Perdomo, esposo de la extitular de Petropar, Félix Chávez, Miguel Cáceres, Roberto Luis Cabrera y Freddy Careaga.
Los fiscales solicitan la elevación de la causa a juicio oral y público, y sindicaron a estas personas de la compra irregular de insumos que derivó a un perjuicio patrimonial de Petropar.
Desde el Ministerio Público señalaron que cuentan con los elementos suficientes que prueban que Patricia Samudio autorizó por compra directa, vía excepción con recursos propios de la empresa estatal, la compra de insumos, valiéndose de la declaración de emergencia sanitaria en relación a la lucha contra el coronavirus.
Igualmente, indicaron que la extitular del ente consintió la compra de 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas N°95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros, 30 unidades de pallets, 15 unidades de termómetro láser, 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades media máscara para 2 cartuchos, 200 cajas de cartuchos y 1.000 unidades de bidones de 5 litros.
Así como también la adquisición de 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guante de nitrilo que no ingresaron efectivamente a la institución, con excepción del ítems N °6 consistentes en 400 mamelucos descartables de PVC, y 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000 adquiridas que sí ingresaron.
De igual forma, la Fiscalía manifestó que Samudio compró todos los productos inexistentes por precios superiores al monto real del mercado; es decir, todos sobrefacturados.
Los fiscales puntualizaron que las operaciones de compras estuvieron a cargo de la Dirección Operativa de Contrataciones de Petropar, montaje para justificar y legitimar el desembolso de dicha suma de dinero del ente a cargo de Patricia Samudio Torras, en connivencia con los propietarios de las empresas proveedoras, quienes prestaron su firma y toda su estructura para lograr el perjuicio patrimonial a la estatal.
Por tal motivo, los fiscales solicitaron la elevación de la causa a juicio oral y público.
