Después de varios años de no haber concluido con el caso de Texos Oil SRL, los abogados de la firma argentina procedieron con el trámite judicial contra Petropar, tanto así que, el año pasado el ex Procurador General de la República, Sergio Coscia y el titular de Petropar Denis Lichi, con la presencia de representantes de Texos, llevaron a cabo un acuerdo extra judicial donde comprometían al Estado paraguayo con el pago de casi USD 7 millones a favor de la empresa argentina.
Coscia y Lichi no tuvieron en cuenta lo que reza el artículo 31 de Contrataciones Públicas sobre la cancelación de licitaciones: “Las Convocantes podrán cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza mayor… Que provoquen daño o perjuicio a los organismos, las entidades y a las municipalidades, en todos los casos de cancelación de la licitación los oferentes no tendrán derecho a reembolso de gastos ni a indemnización alguna”.
Pese a esto, firmaron el acta que exponía el pago de USD 6.888.750 a la firma argentina. Suma que no incluye impuestos, tasas y tributos, de manera que sería la petrolera estatal la encargada de asumir el monto restante que ronda en más de USD 1 millón. Posterior a eso, La Caja Negra publica el trámite extra judicial exponiendo a los protagonistas, lo cual desemboca en la renuncia de Sergio Coscia.
El actual procurador, Juan Rafel Caballero, dijo en LCN que solicitaron a la procuraduría dejar sin efecto el acuerdo, lo cual fue efectivizado por un juez de primera instancia. Seguidamente se presenta un abogado argentino que vuelve a apelar al caso, y este procede a la Cámara de Apelaciones. “Esto no se va a pagar, los magistrados van a hacer justicia y Paraguay no va a pagar nada”, indicó.
De acuerdo con la investigación realizada por la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), se identificó dos hechos punibles en el caso, por lesión de confianza y cobro indebido de honorarios, el cuál debe ser constatado e investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos, por hallar a funcionarios de Petropar y la procuraduría, también involucrados en el tema.
Finalmente, se estima que el acuerdo quede sin efecto y así, el Estado no incurra en el pago no justificado de una suma importante de dinero.
