En tiempo récord el Congreso aprobó el proyecto de Ley de Emergencia del Ejecutivo, que permitirá al Estado contraer una deuda externa de hasta US$ 1.600 millones para adoptar las medidas económicas que le permitirá enfrentar la crisis generada por la pandemia del covid-19. Son varios los puntos que fueron modificados de su versión original, pero que fueron aceptados por el Presidente quien promulgó la nueva ley esta mañana.
Como primera medida, se prevé una inversión de unos US$ 514 millones que serán destinados al Ministerio de Salud, para ampliar la cantidad de Unidades de Terapia Intensiva, además de la compra de mas insumos, reactivos y todo el material de seguridad que el personal de blanco necesite.
La nueva ley, entre sus diferentes puntos, contempla la exoneración de los servicios básicos por tres meses para paliar la crisis ante el paro por coronavirus. Las familias vulnerables cesaran sus pagos de la ANDE, Essap (Aguaterias privadas y Juntas de Saneamiento) y Copaco. Los usuarios de la ANDE, que no consuman más de Gs. 250.000, serán los exonerados, mientras que quienes sobre pasen esta suma, deberán abonar recién a partir de junio de manera financiada en 18 meses, sin intereses.
También incluye el pago de una gratificación al personal de blanco, quienes están en potencial riesgo al servicio de la población. Se contempla que este pago se pueda realizar hasta dos veces.
Así mismo, asistencia monetaria para los trabajadores informales y aquellos del sector vulnerable, exceptuando a los contribuyentes de la previsional y beneficiarios de otros programas sociales. Se prevé la inversión de unos US$ 300 millones para asistir a más de 1.500.000 trabajadores.
La capitalización de instituciones financieras del Estado y un aporte especial al Instituto de Previsión Social (IPS) de hasta USD 100 millones, con lo cual se pretende asistir a los trabajadores formales que estén registrados en la previsional y sean afectados por las medidas, a quienes se les abonara el 50% del salario mínimo por los próximos meses.
La reasignación de gastos como subsidios por vacaciones y casamientos, servicios de catering, con excepción de las previstas para las elecciones municipales, y aumentos salariales.
Se suspende también el programa de retiro voluntario de funcionarios estatales y se prohíbe la adquisición de equipos de transporte, exceptuando ambulancias y vehículos utilizados para los servicios de salud y fuerzas públicas. Se también prohíbe el desalojo de alquileres, siempre y cuando se abone el 40% de la suma. Prevén el aporte del Estado de hasta 400 millones de dólares para un subsidio temporal por reposo o suspensión del contrato de trabajo.
El fortalecimiento del Crédito Agrícola de Habilitación y la Agencia Financiera de Desarrollo, con lo cual se espera asistir a las MiPymes y Pymes con créditos, refinanciaciones y capital operativo.
