En la mañana de hoy, el Ministerio Público allanó las oficinas de Gabinete y de Recursos Humanos de la Comuna asuncena, a raíz de una denuncia contra personas innominadas, presentada por el exministro de Emergencia Nacional, Camilo Soares, por los hechos punibles de supuesto cohecho agravado, soborno agravado, coacción agrave y tráfico de influencias.
Los presuntos hechos, en principio, involucrarían a la exdiputada de Avanza País, María Rocío Casco Arce y al director de Recursos Humanos de la Comuna, Aureliano Servín.
Sobre la denuncia:
Según comentó la fiscal Stella Maris Cano, aparentemente el tráfico de influencia se materializó en la vivienda de Alfredo Guachiré, procesado al igual que Camilo Soares, por un perjuicio patrimonial de más de 1.200 millones de guaraníes, para adquirir alimentos sobrefacturados.
Según la denuncia, Guachiré habría grabado toda la conversación con Casco y Servín, quienes le propusieron supuestamente que proporcione información comprometedora penalmente sobre Camilo Soares, a cambio de recibir ayuda en el proceso judicial que afronta, mediante la contratación de estudios jurídicos renombrados, apoyo de la prensa, entre otras cosas.
Asimismo, Casco habría manifestado ser amiga de una agente fiscal, a quien no identificó, que estaría dispuesta a imputar a Soares, ya que en otras oportunidades ya ayudó a otras personas, según consta en el audio.
Según aseguró Guachiré, estos querrían la información contra el exministro de la SEN, “porque está molestando al intendente Mario Ferreiro”.
¿Cómo salta a la luz el caso?
De acuerdo a lo que expresó la fiscal, Camilo Soares habría publicado la conversación entre Casco, Servín y Guachiré, en un programa de televisión. Esto motivó que un hombre de apellido Florentín, contactara con él y le comentara que había recibido una propuesta de formar parte de un grupo de chat, para colaborar con información, documentos y copia de cheques, entre otras cosas, para establecer un esquema de facturación o recaudación paralela a la recaudación municipal. En las copias de los chats no se especifica en qué consiste la ayuda, pero la fiscal presume que se trataría de ayuda en licitaciones.
La representante del Ministerio Público indicó que aún falta determinar qué participación tendrían las personas sindicadas en el chat, y si hay otras más involucradas. Además, adelantó que el intendente Mario Ferreiro, también estaría siendo investigado por ser el representante de la institución. Aún no hay imputados investigada.
